Fallo de la Corte Suprema descarta necesidad de crear nuevo proceso de consulta indígena.

La máxima instancia judicial respaldó a Celco argumentando que empresa cumplió con convenio 169.

En un fallo contundente la Corte Suprema determinó que la consulta a los pueblos indígenas que se realiza a través del reglamento del Sistema de Impacto Ambiental es suficiente para cumplir con el Convenio 169 de la OIT. Esta norma internacional, que entró en vigencia en Chile en 2009, exige la participación de las etnias en proyectos de inversión que los puedan afectar.

Pero con el fallo del máximo tribunal quedó establecido que no es necesario que los pueblos originarios tengan una injerencia específica en dichas materias.

El pasado 14 de octubre la tercera sala de la Corte Suprema dio luz verde a Celco en el procedimiento de impacto ambiental del proyecto sistema de conducción y descarga al mar de afluentes tratados de la planta Valdivia.

En el fallo se explica que el deber general de consulta a los pueblos indígenas (…) ya se encuentra incorporado a la Ley Ambiental 19.300 a través del procedimiento de participación ciudadana que establece la legislación en los artículos 26 al 31.

Asimismo, el máximo tribunal destaca que “la participación ciudadana” en la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de Celco, “cumplió con las exigencias y propósitos” que el Convenio 169 les otorga a las consultas.

Ello, porque según la Corte el procedimiento “se ejecutó de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo acerca de las medidas propuestas”.

El fallo además detalla que la empresa calificó favorablemente el estudio de impacto. En este marco, afirma que Celco realizó a la ciudadanía, incluidas las comunidadaes indígenas, talleres y exposiciones de información ambiental.

Según se da cuenta además se recibieron “180 observaciones ciudadanas, de las que 59 cumplían los requisitos legales y de las que se hizo cargo la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto”.

El voto en contra

Disidente al dictamen se manifestó el ministro de la corte, Haroldo Brito, quien estuvo a favor de acoger el recurso de protección presentado por las comunidades, ordenando la repetición del proceso ambiental. Según Brito, “no se ejecutó el proceso de consulta” contenido en el Convenio N°169.

Y, sostiene que todos los procesos que puedan afectar a las comunidades originarias deben adecuarse “en dirección de ellas, porque de obrarse de modo distinto no llegaría a considerar los intereses de tales minorías”.

El ministro disidente afirma que la información entregada a las comunidades “no constituye un acto de consulta, porque cuando sólo se entregan antecedentes, quien los recibe no tiene posibilidad de influir en la decisión”. En este punto, recalca que el diálogo “ha de tenerse de buena fe, con la intención de alcanzar acuerdo, de abandonar posiciones propias con el propósito de lograr otras, que surjan consensuadas” y esto “debe hacerse a través de organismos representativos y libremente”.

-El ministro Brito estuvo en contra del fallo, porque según esgrimió “no se ejecutó el proceso de consulta”.

Convenio 169
- Proyectos de inversión: La implementación del Convenio 169 dice que se debe someter a consulta a los pueblos originarios respecto a inversiones que los puedan afectar.
- Consulta a las etnias: La norma dice que se debe consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas suceptibles de afectarles directamente.
- Mecanismo: Se deben establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población.
- Buena fe: Las consultas deben efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Fuente: Diario financiero.

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